Un baremo contra la especulación
03 abr, 2012 - Con la regulación se logrará un ahorro de 34%, lo que equivale a unos 2 mil millones de bolívares del presupuesto que el Estado destina para la cancelación del sector privado de salud, que se podrán orientar al Sistema Público Nacional de Salud
Luego de seis meses de negociaciones entre la Alianza Interinstitucional por la Salud (AICH) y la Asociación de Clínicas y Hospitales, fue firmado el pasado 2 de marzo un convenio marco que establece la regulación de tarifas de los servicios de salud privados, el cual beneficiará 7 millones 250 mil personas, entre servidores públicos y familiares
Con la regulación, las instituciones miembros de la Alianza pagarán por un beneficiario diariamente Bs. 1.242 por la emergencia, Bs 2.300 por la hospitalización, Bs 4.700 por la terapia intensiva y Bs 4.750 por la primera hora de quirófano, lo que permitirá un ahorro de 34%, lo que equivale a unos 2 mil millones de bolívares del presupuesto que el Estado destina para la cancelación del sector privado de salud.
Luisana Melo, gerente de salud de Cantv y vocera de la Alianza Interinstitucional, explicó que desde hace año y medio, 10 instituciones del Estado iniciaron un proceso de investigación sobre los precios exorbitantes y especulativos que las clínicas privadas facturaban a los organismos gubernamentales.
“Ese proceso que ya lleva 15 meses ha comenzado a dar sus primeros frutos”, puntualizó.
Para fijar los precios del baremo, un equipo interdisciplinario de la Alianza investigó los sobreprecios, los aumentos indiscriminados, la discriminación los trabajadores, además del impacto de los costos de salud sobre el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Finalmente la Alianza decidió negociar como un bloque con las clínicas privadas.
“Queríamos establecer normas para asegurar la transparencia en la relación entre los entes gubernamentales y el sector privado de salud, por lo que estableció un baremo único que fijase un listado de precios máximos a los costos de la salud”, señaló Luisana Melo.
Aunque varias instancias de gobierno apoyaron estas acciones, finalmente el presidente Hugo Chávez firmó un punto de cuenta en septiembre de 2011, donde autorizó a la Alianza a trabajar en bloque para negociar los precios con las clínicas privadas. Posterior a este mandato, la Alianza y el Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (que agrupa a unas 200 clínicas), negociarían la aplicación del baremo.
Finalmente, el 2 de marzo en la vicepresidencia de la República fue firmado un acuerdo marco a nivel nacional, el cual consta de las normas que regularán la interacción entre las instituciones que conforman la Alianza, y las clínicas privadas. También se estableció el costo fijo de la facturación en la hora de quirófano, el día de hospitalización, el día de emergencia, y de terapia intensiva.
El baremo inicialmente se aplicará en las clínicas tipo 1 del área metropolitana de Caracas, las cuales son: Centro Médico de Caracas, Clínica El Avila, Policlínica Metropolitana, Centro Médico Docente La Trinidad, Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, Hospital de Clínicas Caracas, Clínica Santa Sofía, Urológico San Román, Clínica La Floresta y Centro Médico Loira.
Queda pendiente la regionalización del baremo, con lo que se establecería este ahorro en el interior del país. Falta además regular los honorarios profesionales, lo que implica hacer un listado de precios por procedimiento médico quirúrgico del especialista. También falta definir el costo de los medicamentos e insumos.
La Alianza está conformada por 19 instituciones, entre las cuales está el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco Industrial de Venezuela, Cantv, Pdvsa, los ministerios de Educación y Relaciones Interiores y Justicia, alcaldía de Vargas, la Fábrica Nacional de Cemento, Instituto Nacional de Salud Agraria Integral y Petroquímica de Venezuela, entre otros organismos.
Se espera la incorporación de otros entes del Estado, que a través de los Fondos de Autoadministración de Salud se sumen a la iniciativa.

Salud: derecho o mercancía

No obstante, Luisana Melo señaló que el Baremo es sólo un primer paso, ya que la garantía a la salud sólo se logrará a través del fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud.
“Lamentablemente todavía no se ha logrado que el Sistema Nacional Público de Salud, pueda dar respuesta a todos los trabajadores y trabajadoras y sus familiares. Con el baremo estamos, primero poniendo orden en torno a cuánto está invirtiendo el Estado en el sector privado de salud, de manera de redefinir los gastos, para que ese dinero que se ahorra se pueda invertir en un modelo más humano y justo, porque tenemos que lograr que nuestros trabajadores y trabajadoras entiendan que sólo habrá garantía de acceso a la salud a través del Sistema Nacional Público de Salud”.
En los años 80 y 90, cuando estaba en auge el neoliberalismo en Venezuela, se fortaleció la privatización del sector salud, por lo que se ofrecieron los seguros HCM como el modo para acceder a la salud. No obstante, este modelo considera a la salud como mercancía, y es incapaz de garantizar el acceso universal y equitativo de todos los ciudadanos al sistema de salud. Todo lo contrario, degeneró en un servicio cada vez más excluyente que deshumanizó y mercantilizó la atención médica, tratando de que se aceptase sin cuestionar que una clínica sea capaz de dejar morir a un paciente mientras se espera que pase la clave del seguro. Y dejando en una total orfandad a los miles de venezolanos que no están asegurados. Situación que ha empezado a ser revertida gracias a la Misión Barrio Adentro y a los programas de medicina comunitaria que está emprendiendo el gobierno.
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